El mundo atraviesa una transformación profunda que desafía los marcos con los que durante décadas interpretábamos las relaciones internacionales, la política internacional, la seguridad y la cooperación, impregnando de incertidumbre las dinámicas sociales y políticas actuales. La tensión bélica global, las diversas formas de competencia entre potencias, la crisis climática y el avance de proyectos autoritarios y de ultraderecha configuran un escenario sumamente inestable. Las grandes potencias se reorganizan en zonas de influencia y la industria armamentística y el poder empresarial, financiero y tecnológico amplían su influencia sobre las decisiones políticas.
En este contexto de militarización creciente, se atacan la paz, los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres y la justicia social; así como el derecho internacional de los derechos humanos y las instituciones de gobernanza multilateral.
La situación de América Latina y El Caribe está marcada fuertemente por tensiones regionales y una creciente injerencia de Estados Unidos en esta región, destinada a reafirmar su hegemonía en el hemisferio occidental.
En Colombia, en el año 2026 se celebra el décimo aniversario del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Un Acuerdo de Paz cuya implementación ha tenido avances indiscutibles, ataques y atrasos. En particular, las 122 medidas de género y el capítulo étnico, que son esenciales para garantizar una paz sostenible, se han implementado de manera insuficiente.
El conflicto se ha reconfigurado, incorporando nuevos actores, intereses, objetivos y formas de violencia en los territorios. Por otra parte, la política de “Paz Total” del Gobierno de Gustavo Petro, que está terminando su mandato, a pesar de su vocación por lograr una paz integral, ha tenido límites en su concepción y ha enfrentado obstáculos estructurales y problemas en su implementación y alcance.
Las mujeres, que han sostenido la vida en contextos de guerra, exclusión y crisis, construyendo procesos de resistencia, organización y propuestas de paz desde la justicia social y la defensa del territorio, siguen enfrentando importantes barreras a su participación en el proceso de paz, incluyendo a las mujeres exiliadas, refugiadas y migradas.
Así mismo, en un contexto global de avance de proyectos autoritarios y reaccionarios, las agendas feministas y de derechos enfrentan ataques y disputas, que impactan de manera diferenciada y desproporcionada en las mujeres y las niñas; persistiendo altos índices de feminicidio como una de sus máximas expresiones.
En Colombia, las mujeres defensoras de derechos humanos, especialmente en territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes y populares, enfrentan riesgos agravados. Según cifras del Programa Somos Defensores, entre 2017 y 2025, fueron asesinadas 188 defensoras -en promedio, una mujer defensora cada 20 días- y se han agravado las violencias basadas en el género.
A pesar del logro histórico que supuso el reconocimiento de la violencia sexual como crimen no amnistiable en el Acuerdo de Paz, la impunidad es una barrera estructural crítica. Es fundamental fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres y sancionar a los responsables para frenar la sistematicidad de estos ataques. Aún en el marco del Macrocaso 11 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzga la violencia sexual asociada al conflicto armado, persisten discursos de negación y minimización de los crímenes y barreras adicionales para la participación efectiva de las víctimas.
En el camino de transformar los factores de persistencia de la violencia y avanzar en la no repetición, es fundamental el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, especialmente de los capítulos de género, étnico y exilio. Así mismo, es importante la efectiva implementación del primer Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad, que el Gobierno de Colombia aprobó y puso en marcha en 2025, lo que supuso un logro de las organizaciones de mujeres del país.
Desde la Mesa de Apoyo a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y la paz en Colombia hemos calificado el Acuerdo de Paz como un Bien Público Mundial, que debe ser acompañado y respaldado por la comunidad internacional: su cumplimiento no solo es vital para el país, sino que supone un importante mensaje global sobre la resolución de conflictos por la vía diplomática y no por la guerra.
Las organizaciones de la Mesa de Apoyo, reunidas en València en las V Jornadas Internacionales Mujeres, Derechos Humanos y Paz en Colombia, los días 23, 24 y 25 de abril de 2026, reconocemos los esfuerzos del Gobierno de España en su Política Exterior Feminista y su Estrategia de Cooperación Feminista; y compartimos su postura del “No a la guerra”. Y, en este sentido, le solicitamos:
1. Fortalecer su apoyo político y financiero a la implementación integral del Acuerdo de Paz de Colombia y las transformaciones estructurales necesarias para lograr una paz estable y duradera.
2. Apoyar la vía del diálogo y la negociación para la resolución del conflicto armado persistente en el país, así como la participación efectiva y directa de las comunidades y las mujeres y sus organizaciones, incluyendo las mujeres exiliadas.
3. Apoyar las políticas e instituciones públicas de Colombia responsables de garantizar la vida y el ejercicio de los derechos de las mujeres, lideresas y defensoras de los Derechos Humanos y de las firmantes de paz.
4. Apoyar política y financieramente a las organizaciones de mujeres y feministas -incluyendo a las mujeres exiliadas- como actoras políticas clave en la construcción de paz, así como su capacidad de incidencia para la implementación efectiva del primer Plan de Acción Nacional para la aplicación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas del Gobierno de Colombia.
5. Apoyar las políticas públicas orientadas a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres populares, rurales, campesinas, de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom.
6. Exhortar y apoyar al conjunto de las instituciones públicas del país responsables del reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas de violencia sexual asociada al conflicto armado, posibilitando su acceso a la justicia; y, particularmente, a la Jurisdicción Especial para la Paz para la diligente y efectiva investigación y ejecución del Macrocaso 11 sobre violencia sexual.